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Lograr que el aspirante pueda comprender rol protagónico del juez o jueza en la sociedad, la responsabilidad que implica la toma de decisiones jurisdiccionales, el impacto de éstas en la sociedad, su responsabilidad frente a la misma y las acciones que debe ejecutar para cumplir con el logro de una Administración de Justicia, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, gratuita y sin formalismos inútiles, así como, el conocimiento del proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, la cual no se sacrificará por la omisión de formalidades no esenciales.
Reforzar los conocimientos adquiridos por los alumnos de pregrado y en postgrado en las Facultades de Derecho de las distintas Universidades del país, que aspiren ingresar a la carrera judicial y complementar esos conocimientos con materias que son esenciales para el ejercicio de la función judicial y que no forman parte de los estudios de pregrado y postgrado, como ejemplo, Derecho Marítimo, Derecho de la Integración, entre otros.
Transmitir a los aspirantes las habilidades para el ejercicio de la función judicial.
Evaluar a los jueces o juezas no titulares mediante la creación de un programa de formación previa, de corta duración, para dar paso a los concursos de oposición y lograr la titularidad en el cargo de esa categoría de jueces que son mayoría, redimensionando el proceso de evaluación y concursos.
Promover y ascender a los jueces o juezas sobre la base de criterios objetivos, con fundamento en la evaluación y concursos de acuerdo con el nuevo programa de promoción y ascensos.
Lograr inculcar en los alumnos las tendencias en la evolución jurídica, para evitar el estancamiento en los paradigmas y crear una conciencia de adaptación y apertura al cambio.
Impulsar y desarrollar en los funcionarios los valores éticos que deben prevalecer en ellos, proclamados en el proyecto de Código de Ética y Disciplina del Juez Venezolano o Jueza Venezolana, sancionado por la Asamblea Nacional y pendiente de resolver el Veto Presidencial, para formar jueces o juezas verdaderamente probos y justos.
Reforzar en los postulantes la conciencia no sólo en la trascendencia de su labor, sino lo que a través de su función deberán aportar, es decir, los cambios necesarios para el mejor funcionamiento del servicio de administración de justicia y la adaptación a los mismos, además de crear la motivación de participación en la creación de verdaderas políticas públicas que generen un sistema de justicia plural, accesible, idóneo, en pro de lograr una legitimación del sistema.
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